San Carlos de Bariloche, 17 de junio de 2012.
Documento de la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad y
Familiares de las Víctimas de Junio de 2010 a dos años de la masacre de El Alto
Pacto criminal, pacto de impunidad
En la necesidad humana de ordenar la experiencia vivida, tanto para entenderla como para proyectarla al futuro, nos encontramos hoy con el peso acumulado de dos años de impunidad de la acción de terrorismo de estado perpetrado en Bariloche contra la población civil desarmada.
Por estas semanas en Neuquén se desarrolla el juicio por la verdad por los crímenes cometidos por comandos policiales y militares en la zona del Alto Valle y Neuquén a partir de 1975. El año pasado se hizo el de la zona Atlántica en Viedma. Los sobrevivientes y testigos de ese terrorismo de estado reclamaron 35/36 años para llegar a un juicio justo.
¿Acaso el poder judicial de esta democracia pretende lo mismo para nosotros en esta etapa histórica? ¿Acaso los otros poderes del Estado rionegrino, el Ejecutivo y el Legislativo, dejarán que el Judicial resuelva por sí sólo como si se trataran de crímenes comunes, negando que con epicentro en El Alto el gobierno de Saiz, a través de su brazo armado, perpetró un ataque terrorista contra decenas de ciudadanos durante por lo menos 48 horas.
La génesis de la masacre
Hasta que no consigamos un juicio justo jamás dejaremos de pensar y repensar colectivamente todos los hechos y sucesos de esos días para desentrañar la lógica del poder represivo, los pasos del pacto criminal de la mañana del 17 de junio para enfrentar la historia oficial que pretende imponer la teoría del caos, del desborde policial, del exceso, del gatillo fácil, de la supuesta falta de formación profesional y problemas psicológicos.
La teoría del caos deposita la responsabilidad (alguna, no mucha) en los efectivos que en el terreno mataron a tres jóvenes, intentaron matar a por lo menos unos veinte, torturaron y secuestraron a otros tantos. La teoría del caos libera absolutamente de responsabilidad a los responsables político-institucionales y a los mandos jerárquicos de la policía de RN.
Una patrulla policial de la comisaría 28 persigue a un grupo de jóvenes la madrugada del 17 de junio en el barrio Boris Furman. Al menos dos de ellos habían sido detenidos por agentes de esa misma comisaría una semana antes.
El cabo Colombil ejecuta de un balazo en la nuca a Diego Bonefoi (15 años). Hasta ahí el panorama puede ser comparable al de otras ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas policiales en todo el país, incluidas la de Titi Almonacid, en…., por citar otro caso.
¿Quién modificó el escenario del conflicto, quién lo transformó en ensayo general de terrorismo de estado y por qué? Esas son las respuestas que exigimos que los jefes políticos y policiales de entonces ofrezcan en indagatoria a la justicia.
La lógica jerárquica nos señala que el cerebro operativo debió ser, al menos en la etapa inicial, el jefe de la Regional III Hermosa, quien dos años antes intervino en Viedma en relación al crimen de Atahualpa Matínez Vinaya. Hermosa llega muy temprano a la comisaría 28, dispone el asentamiento de una unidad de la BORA mucho antes que la familia de Diego fuera informada de su asesinato, se reúne con Colombil en la Regional cuando ya el cabo estaba bajo arresto a disposición del juez de turno. ¿Cómo supo Hermosa que iba a haber revuelta popular en esta ocasión, a diferencia de los otros crímenes cometidos por la policía contra muchachos de este y otros barrios populares de Bariloche? ¿Se anticipó a la protesta o generó las condiciones para provocarla con la fuerza pública e instrumentar un ensayo general de limpieza étnica en El Alto, un ejercicio “vivo” con la participación forzosa de la población civil?
La decisión política de la masacre de la tarde se tomó por la mañana, la que empieza a plasmarse a partir de las 13 cuando personal apostado frente a la comisaría 28 empezó a disparar a los manifestantes con munición de plomo. Esa estrategia de provocación a la población se acentúa cuando la BORA acribilla el frente de la casa de Diego y se consolida cuando grupos de policía dejan el frente de la comisaría y se desplazan hacia el barrio.
Con ese escenario trazado, el gobernador Saiz, el ministro de Gobierno Larreguy, el secretario de Seguridad Cufré, el jefe general de Policía Villanova y el jefe de la Regional Hermosa huyen de Bariloche y dejan a la ciudad bajo el dominio de las Ithacas. Las acciones erráticas y las expresiones de los rostros del ex intendente Cascón y del juez penal Lozada, por ejemplo, revelaban que existía un virtual estado de sitio y las armas del estado provincial gobernaban la ciudad.
Estar igual es estar peor
En el espacio compartido de esta Multisectorial y los Familiares revisamos constantemente los pasos del poder y los propios. En ese sentido, podemos interpretar que si hoy estamos igual que hace un año atrás no estamos igual sino peor, al menos ante la negación sistemática de la justicia en la búsqueda de la verdad y condena a los culpables.
- La justicia ordinaria de Bariloche se mueve a paso de tortuga respecto a los 17 policías imputados por los crímenes de Sergio Cárdenas y Nino Carrasco;
- Jamás inició una causa contra la jefatura de la Comisaría 2 del Centro Cívico y la 27 de Melipal por las detenciones masivas ilegales y tortura de jóvenes perpetradas el 18;
- No evalúa hasta el momento recaratular la causa de los heridos por armas policiales del 17 por la figura de intento de homicidio, considerando que lo fueron en la misma sucesión de hechos en que resultaron asesinados Sergio y Nino;
- En otras causas en que se juzgan delitos cometidos por la policía falla a favor de ésta, siendo alarmantes los fallos por los que se negó que se hubiera torturado en el penal al detenido Painefil y negó que le hubieran eliminado un ojo de un disparo a Blanca Grande.
No queremos ni estamos en condiciones de discutir cuestiones técnicas de las causas penales en trámite. Hecha esta salvedad, sí sostenemos que es altamente riesgoso circunscribir en forma aislada los crímenes de Nino y Sergio en un período que va de las 16 a las 17:45 aproximadamente. Reiteramos que la masacre de la tarde se decidió a la mañana y la violencia armada se desplegó desde las 13 hasta incluso después de la muerte de Sergio y hasta la madrugada del sábado 19 inclusive.
Exigimos que tanto desde lo político como lo jurídico haya una identificación colectiva de los hechos que constituyeron un dispositivo de terrorismo de estado. Se cometió homicidio, tentativa de homicidio, encubrimiento agravado (los que observaron el crimen y no lo denunciaron, tanto las muertes como el reparto de municiones de plomo, por ejemplo), omisión de los deberes de funcionarios públicos. Es insoslayable establecer la relación política y jurídica entre los heridos previos y las muertes posteriores. El uso de munición de plomo afirma que la intención fue dar muerte, sino se hubieran limitado al uso legal estricto de munición antitumulto. Es más, la intencionalidad de dar muerte y anticiparse así al encubrimiento está corroborada por el hecho de haber solicitado munición de plomo del tipo “perdicera” a la empresa privada Prosegur, la que es diferente a la de uso oficial.
Toda la prueba reunida demuestra que las víctimas estaban en total estado de indefensión y que no constituían peligro real para los agresores. Cuando se había conseguido la dispersión el jefe del operativo continúa las razzias del día 18 a la tarde, con detenciones y torturas masivas.
Insistimos en que todo agente público, que porta un arma del Estado, sea considerado legalmente funcionario público.
Omisión o complicidad de este gobierno
Al asumir el ejercicio pleno del gobierno el 10 de diciembre del año pasado, esta administración es la máxima responsable por los hechos de junio que permanecen impunes, sin medidas políticas ni sanción judicial alguna.
Cuando en enero de este año el gobernador Alberto Weretilnek visitó a las familias de las víctimas en esta ciudad, el juez Gaimaro Pozzi ya había citado a declaración indagatoria a los cinco ex jefes policiales y doce efectivos involucrados como presuntos responsables materiales e intelectuales de las muertes de Sergio y Nino. También por entonces la procuradora general de la provincia Liliana Piccinini ya contaba con las pericias técnicas realizadas por el doctor Rodolfo Pregliasco, que prueban que las balas que mataron a los jóvenes eran postas de plomo de las de uso oficial de la policía de RN, prohibidas legalmente en caso de tumultos o protestas sociales. Estas pericias prueban que en una hora y media de la tarde del 17, la policía de RN disparó un promedio de once proyectiles por minuto.
A pesar de todos estos elementos este gobierno no separó preventivamente a ninguno de esos doce efectivos sospechosos hasta el día de la fecha, con el agravante que algunos de ellos presta servicios en la comisaría Nº2 del Centro Cívico, la que es muy activa en la persecución, golpiza, detención ilegal y torturas a uno de los menores sobrevivientes del 17 de junio.
Además, desde un primer momento como Multisectorial y Familiares accedimos a los pedidos de reuniones con los nuevos funcionarios de Seguridad y Jefatura, ante quienes reiteramos nuestra demanda central por los hechos de junio. Jamás vimos materializados ninguno de los compromisos asumidos por ellos: instrucción de sumarios internos por casos de torturas y persecución a jóvenes, apartamiento de policías implicados en los hechos, publicidad de los sumarios internos, identificación de los efectivos en la calle, entre otros punto.
Muchas generaciones aprendimos del maestro brasileño Paulo Freire, quien dijo que "La coherencia entre lo que decimos y hacemos establece límites a la tolerancia e impide que ella derive en complicidad".
Así es que, a dos años de los crímenes impunes y a 7 meses de ejercicio pleno del poder provincial por parte de esta administración, o este gobierno toma medidas urgentes o definitivamente elige la complicidad.
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Un abrazo infinito a todos y cada uno de los que desde sus lugares respaldaron y respaldan esta lucha profundamente desigual e injusta.
Nuestro incondicional amor y acompañamiento a los Familiares, sobre todo a los niños.
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Finalmente, exigimos una vez más:
- Al Poder Ejecutivo
- que disponga la total depuración de los efectivos policiales que ejecutaron y desplegaron las prácticas de terrorismo de estado durante el 17 y 18 de junio, así como también de los que intervinieron en los hechos posteriores (allanamiento y detención de Marcos Huenchullán, allanamiento en domicilio de Nino Carrasco, detenciones ilegales y torturas en por lo menos veinte casos denunciados por APDH, persecución y tortura al menor F.G.);
- Que mientras se realiza una minuciosa investigación administrativa se separe del cargo a los doce imputados como sospechosos por los homicidios de Nino y Sergio;
- que se abstenga de promover ascensos y reubicación de los efectivos policiales que intervinieron en las distintas reparticiones policiales de Bariloche que actuaron en junio de 2010 hasta que no se realice una minuciosa investigación y se determinen las responsabilidades individuales, administrativas y judiciales;
- que informe públicamente los resultados finales del sumario administrativo interno que realizó la Jefatura sobre los hechos de junio, así como también las medidas dispuestas al respecto;
- que haga público los legajos profesionales de los jefes y comisarios actualmente en funciones para garantizar el control ciudadano;
- que haga público los legajos profesionales de Víctor Cufré, Héctor Villanova y Argentino Hermosa, y demás jefes operativos responsables de los sucesos de junio;
- Al Poder Judicial
- Que los ejecutores y responsables de la represión masiva del 17 de junio declaren como imputados en la investigación sin más dilaciones;
- Que se identifique con nombre y apellido a los policías que tiraron con balas de plomo contra la población civil el 17 de junio y se les inicie causa penal a todos también por ese delito;
- Que se hagan públicos los resultados de las pericias técnicas que prueban lo que el pueblo siempre supo, que hubo un ataque armado sistemático por horas contra la población civil y que usaron munición de guerra para matar;
- Que se identifique, juzgue y castigue a los responsables de las reiteradas golpizas al menor F.G., las torturas a Mario Cayún y las detenciones ilegales a numerosos jóvenes de los barrios de El Alto.
- Al Legislativo
- Que conforme la comisión investigadora de los hechos de junio, tal como lo requirió la actual bancada oficialista cuando era oposición.
Multisectorial contra la Impunidad y la Represión de Bariloche
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