Familiares de las víctimas del 17 de junio: marzo 2012

Miércoles 21 de Marzo de 2012 17:34 - 725 Lecturas.

Abogados integrantes de distintos organismos de Derechos Humanos de Bariloche pidieron al Concejo Municipal que se declare el 17 de junio de cada año como el Día de la Protección de la Juventud y por la Inclusión Social, en connmemoración de las trágicas jornadas. Foto archivo Alejandra Bartoliche.

A través de una nota presentada este miércoles, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche, el Observatorio de Derechos Humanos Rio Negro y un grupo de Abogados por la Defensa de los Derechos Humanos en Bariloche solicitaron al Concejo Municipal que se establezca el 17 de junio como Día de la Protección de la Juventud y por la Inclusión Social.

La nota plantea que el 17 de junio del 2012 se cumplirán dos años del asesinato de Diego Bonnefoi por el cabo de la Policía de Río Negro, Sergio Colombil, y horas después los homicidios de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas. Durante los hechos represivos de las jornadas del 17 y 18 de junio de 2010 principalmente en la zona aledaña a la ex Comisaría 28, se produjo además la detención ilegal, mal trato, vejámenes y torturas de menores y vecinos de esta ciudad que manifestaron en protesta social por el primer hecho.

"Dichos acontecimientos lamentables toman singular importancia cuando a dos años de los mismos aun la causa generada ante la justicia se encuentra sin resultados serios, habiéndose denunciado con posterioridad desde diferentes grupos de derechos humanos y familiares, golpizas y detenciones de otros menores del mismo sector social demostrando que aún existen en nuestra filas policiales, pese a los anuncios oficiales, adeptos a la doctrina de seguridad Nacional que hoy resisten cualquier cambio en la estructura de la fuerza para lograr una policía preparada para la prevención y no para represión de los sectores mas vulnerables y excluidos socialmente" señala la nota.

El 24 de marzo tiene para los argentinos un sentimiento claro de repudio a la violencia alentada desde el Estado como una forma sistemática de violar los derechos humanos.- La consigna de memoria, Verdad y Justicia es también aplicable para los asesinatos de junio del 2010, motivo por el cual solicitamos que en la próxima reunión del Concejo Municipal se proceda a recordar dichos hechos en la forma solicitada", concluyen Rubén Marig y Mara Bou por la APDH Delegación Bariloche, Natalia Araya y Ana Calafat por el Observatorio de Derechos Humanos Rio Negro y Gustavo Fernandez, Lucrecia Ranzini, Laura Wainer, Miguel Blanco Crespo, Susana Capobianco, Mariana Blanco, Juan Mandagarán y Julieta Blanco, integrantes de Abogados por la Defensa de los Derechos humanos Bariloche

Hubo un plan criminal de la policía contra los jóvenes de El Alto;

hay un plan de encubrimiento e impunidad del terrorismo de Estado en Río Negro

A 21 meses de los crímenes de junio de 2010 ya podemos narrar una historia de la verdad: de la verdad del terrorismo de estado perpetrado durante al menos 48 horas sobre una parte de la ciudad de Bariloche y la verdad del encubrimiento y protección institucional de esa masacre que se mantiene hasta el día de hoy.

Hoy necesitamos volver a revisar el papel central que le cabe al poder judicial en esta protección jurídica y política a los autores materiales, intelectuales y políticos del terrorismo de estado en junio de 2010. A 21 meses los asesinos de Nino Carrasco y Sergio Cárdenas siguen seguros en sus casas y en sus puestos policiales; tan seguros como los jefes operativos que le permitieron usar balas de plomo contra la población civil; tan seguros como los mandos de la jefatura que decidieron, desplegaron y sostuvieron el dispositivo terrorista que convirtió en objetivo a un sector del vecindario.

En febrero de 2011, una maniobra palaciega desplazó al juez Lozada de la causa de los homicidios de Nino y Sergio para evitar que declararan como imputados el ex jefe de Seguridad Cufré y los mandos de Jefatura policial. El expediente recayó en Gaimaro Pozzi quien dilató todo lo que pudo el ingreso formal de las pericias que prueban la responsabilidad policial de los hechos. El tiempo que se tomó Gaimaro Pozzi le permitió al gobierno de Saiz no volver a enfrentar un llamado a indagatoria de Cufré y altos jefes policiales. En tanto, él mismo se posicionó en las internas del poder judicial y fue promovido como juez de Cámara. Sabiendo que en poco tiempo dejaría el expediente recibió a los Familiares de las Víctimas y siguió ganando tiempo.

El tiempo a favor de los criminales lo pagan con dolor los Familiares; el tiempo a favor de la impunidad de los policías que actuaron con munición de guerra contra la población civil lo pagan los pibes que siguen sufriendo tortura, persecución y detenciones ilegales en las calles y comisarías de Bariloche.

En tanto Gaimaro Pozzi ganaba tiempo, otro colega suyo, Ricardo Calcagno no dudó en avanzar contra dos hermanos de Nino Carrasco a quienes procesó en la causa del incendio intencional de la comisaría del centro cívico. En la investigación por el incendio el juez Calcagno avanzó por un sendero preocupante, ya que simultáneamente hizo una exhaustiva investigación sobre los manifestantes de nuestras marchas de los 17 al punto que acopió videos y fotografías que nos identifican a muchos de nosotros.

De lo que entendemos del funcionamiento del poder judicial, ahora, con el ascenso de Gaimaro Pozzi a camarista, el expediente del homicidio de Nino y Sergio podría recaer en Calcagno. De ser así, no es un dato alentador considerando este precedente de criminalización a los Familiares y de persecución solapada a esta Multisectorial en el expediente del incendio de la comisaría segunda.

Por otra parte, las cabezas visibles del nuevo gobierno en Río Negro sostienen un discurso que toma distancia de las responsabilidad de los hechos de junio de 2010 pero no existen hechos concretos que muestran que se pretenda desmantelar los mecanismos de poder profundos que en 48 horas perpetraron, sostuvieron y legitimaron tres asesinatos, el intento de homicidio contra unas veinte personas, la tortura y detención ilegal de otros veinte jóvenes, el uso masivo e indiscriminado de balas de plomo, munición antidisturbios y gases contra la población civil y sus viviendas.

Insistimos en que se empiece por reconocer que existió terrorismo de estado en democracia; que la impunidad judicial y política al terrorismo de estado alimenta la ideología represiva que sigue viendo en cada joven de El Alto un presunto enemigo a perseguir.

No hubo ni errores ni excesos. Hubo un plan criminal de la policía contra los jóvenes de El Alto jamás cuestionado ni sancionado por lo jefes políticos; además ahora, a 21 meses, no podemos más que interpretar que hay un plan de encubrimiento e impunidad del terrorismo de estado en Río Negro que se consolidad cada día que pasa.

Sino, cómo es posible que el intendente de Bariloche no haya sido capaz de retirar la querella del municipio en la causa del incendio de la comisaría segunda. Un gesto político mínimo, como el se comprometió el 17 de diciembre, a días de asumir.

La Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche y los Familiares de las Víctimas de Junio exigimos:

Que se designe cuanto antes un juez no comprometido con el poder político y represivo en la causa de los asesinatos de Nino y Sergio;
Que los ejecutores y responsables de la represión masiva del 17 de junio declaren como imputados en la investigación sin más dilaciones;
Que se identifique con nombre y apellido a los policías que tiraron con balas de plomo contra la población civil el 17 de junio y se les inicie causa penal a todos también por ese delito;
Que se hagan públicos los resultados de las pericias técnicas que prueban lo que el pueblo siempre supo, que hubo un ataque armado sistemático por horas contra la población civil con decenas de víctimas e innumerables daños;
Que se identifique, juzgue y castigue a los responsables de las reiteradas golpizas al menor F.G., las torturas a Mario Cayún y las detenciones ilegales a numerosos jóvenes de los barrios de El Alto;
Que el titular del Ejecutivo municipal retire la querella por el incendio de un edificio por la que se persigue penalmente a Familiares de las víctimas del 17 de junio.