Hubo un plan criminal de la policía contra los jóvenes de El Alto;
hay un plan de encubrimiento e impunidad del terrorismo de Estado en Río Negro
A
21 meses de los crímenes de junio de 2010 ya podemos narrar una
historia de la verdad: de la verdad del terrorismo de estado perpetrado
durante al menos 48 horas sobre una parte de la ciudad de Bariloche y la
verdad del encubrimiento y protección institucional de esa masacre que
se mantiene hasta el día de hoy.
Hoy
necesitamos volver a revisar el papel central que le cabe al poder
judicial en esta protección jurídica y política a los autores
materiales, intelectuales y políticos del terrorismo de estado en junio
de 2010. A 21 meses los asesinos de Nino Carrasco y Sergio Cárdenas
siguen seguros en sus casas y en sus puestos policiales; tan seguros
como los jefes operativos que le permitieron usar balas de plomo contra
la población civil; tan seguros como los mandos de la jefatura que
decidieron, desplegaron y sostuvieron el dispositivo terrorista que
convirtió en objetivo a un sector del vecindario.
En
febrero de 2011, una maniobra palaciega desplazó al juez Lozada de la
causa de los homicidios de Nino y Sergio para evitar que declararan como
imputados el ex jefe de Seguridad Cufré y los mandos de Jefatura
policial. El expediente recayó en Gaimaro Pozzi quien dilató todo lo que
pudo el ingreso formal de las pericias que prueban la responsabilidad
policial de los hechos. El tiempo que se tomó Gaimaro Pozzi le permitió
al gobierno de Saiz no volver a enfrentar un llamado a indagatoria de
Cufré y altos jefes policiales. En tanto, él mismo se posicionó en las
internas del poder judicial y fue promovido como juez de Cámara.
Sabiendo que en poco tiempo dejaría el expediente recibió a los
Familiares de las Víctimas y siguió ganando tiempo.
El
tiempo a favor de los criminales lo pagan con dolor los Familiares; el
tiempo a favor de la impunidad de los policías que actuaron con munición
de guerra contra la población civil lo pagan los pibes que siguen
sufriendo tortura, persecución y detenciones ilegales en las calles y
comisarías de Bariloche.
En
tanto Gaimaro Pozzi ganaba tiempo, otro colega suyo, Ricardo Calcagno
no dudó en avanzar contra dos hermanos de Nino Carrasco a quienes
procesó en la causa del incendio intencional de la comisaría del centro
cívico. En la investigación por el incendio el juez Calcagno avanzó por
un sendero preocupante, ya que simultáneamente hizo una exhaustiva
investigación sobre los manifestantes de nuestras marchas de los 17 al
punto que acopió videos y fotografías que nos identifican a muchos de
nosotros.
De
lo que entendemos del funcionamiento del poder judicial, ahora, con el
ascenso de Gaimaro Pozzi a camarista, el expediente del homicidio de
Nino y Sergio podría recaer en Calcagno. De ser así, no es un dato
alentador considerando este precedente de criminalización a los
Familiares y de persecución solapada a esta Multisectorial en el
expediente del incendio de la comisaría segunda.
Por
otra parte, las cabezas visibles del nuevo gobierno en Río Negro
sostienen un discurso que toma distancia de las responsabilidad de los
hechos de junio de 2010 pero no existen hechos concretos que muestran
que se pretenda desmantelar los mecanismos de poder profundos que en 48
horas perpetraron, sostuvieron y legitimaron tres asesinatos, el intento
de homicidio contra unas veinte personas, la tortura y detención ilegal
de otros veinte jóvenes, el uso masivo e indiscriminado de balas de
plomo, munición antidisturbios y gases contra la población civil y sus
viviendas.
Insistimos
en que se empiece por reconocer que existió terrorismo de estado en
democracia; que la impunidad judicial y política al terrorismo de estado
alimenta la ideología represiva que sigue viendo en cada joven de El
Alto un presunto enemigo a perseguir.
No
hubo ni errores ni excesos. Hubo un plan criminal de la policía contra
los jóvenes de El Alto jamás cuestionado ni sancionado por lo jefes
políticos; además ahora, a 21 meses, no podemos más que interpretar que
hay un plan de encubrimiento e impunidad del terrorismo de estado en Río
Negro que se consolidad cada día que pasa.
Sino,
cómo es posible que el intendente de Bariloche no haya sido capaz de
retirar la querella del municipio en la causa del incendio de la
comisaría segunda. Un gesto político mínimo, como el se comprometió el
17 de diciembre, a días de asumir.
La Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche y los Familiares de las Víctimas de Junio exigimos:
- Que
se designe cuanto antes un juez no comprometido con el poder político y
represivo en la causa de los asesinatos de Nino y Sergio;
- Que
los ejecutores y responsables de la represión masiva del 17 de junio
declaren como imputados en la investigación sin más dilaciones;
- Que
se identifique con nombre y apellido a los policías que tiraron con
balas de plomo contra la población civil el 17 de junio y se les inicie
causa penal a todos también por ese delito;
-
Que se hagan públicos los resultados de las pericias técnicas que
prueban lo que el pueblo siempre supo, que hubo un ataque armado
sistemático por horas contra la población civil con decenas de víctimas e
innumerables daños;
-
Que se identifique, juzgue y castigue a los responsables de las
reiteradas golpizas al menor F.G., las torturas a Mario Cayún y las
detenciones ilegales a numerosos jóvenes de los barrios de El Alto;
- Que el titular del Ejecutivo municipal retire la querella por el incendio de un edificio por la que se persigue penalmente a Familiares de las víctimas del 17 de junio.
Por Verdad, Justicia y Memoria
Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche
Familiares de las Víctimas de Junio de 2010
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